Gendarmería de Chile no es “chicha ni limoná”, como lo decía coloquialmente un profesor de  nuestra Escuela Institucional hace casi ya dos décadas. No es por Ley una Institución, aun cuando sus tradiciones, ritos y rituales propios den cuenta de aquello decía. Aun cuando sean los únicos empleados públicos  que juren rendir la vida en el cumplimiento del deber, y puedan engrosar incluso la triste nómina de mártires,  seguirán curiosamente siendo sólo un servicio público, de no mediar la voluntad política de reconocer a Gendarmería de Chile como una institución pública que incide concretamente en una mayor o menor percepción de seguridad y paz social en el país.

Cuál es entonces el freno que tiene a Gendarmería para salir de esta tierra de nadie. Será la falta de visión estratégica de quienes han liderado la institución o la cartera de justicia. Seremos las mismas asociaciones las que hemos impedido una verdadera transformación y desarrollo organizacional en este campo. Serán los partidos políticos representados a través de los núcleos existentes en Gendarmería los que han abortado cualquier posibilidad de crecimiento y favorecido un establishment acomodaticio donde encuentran terreno fértil para “operar” para sí mismos.

Sea cual sea la o las causas que permiten el stand by o inacción funcional, operacional y organizacional, y más allá de los responsables presentes y pasados, que  por acción u omisión no hubiesen logrado avanzar en este azaroso terreno, es urgente por el bien del país, definir que somos. Creemos que es esencial avanzar con la mayor celeridad en generar cadena de valor en la función penitenciaria, mayor identidad y  sentido de pertenencia. De no abordar estas prioridades estratégicas en lo valórico y doctrinario sucumbiremos frente a una delincuencia criminal organizada con redes internacionales, con mayor poder adquisitivo y preparación logística como ya se constata en los establecimientos penales del país.

Lejos de abordar estas preocupaciones y otras de igual naturaleza como institución, soplan vientos  de cambios del Director Nacional uniformado por un director civil. Aspiración que si bien la consideramos legítima, estimamos que primeramente debe resolverse todo lo relativo a la identificación de los procesos críticos que desarrolla la institución y de éstos, cuáles son de responsabilidad absoluta del personal y diferenciarlos de aquellos en que somos solidariamente responsables junto con otros actores públicos e incluso privados.

En efecto podemos convenir que Gendarmería de Chile puede aparecer hibrida por dos funciones aparentemente opuestas o antagónicas; Seguridad y Reinserción. Para quienes hemos trabajado a intramuros podemos afirmar que estos dos mundos son complementarios entre sí. En economía se reconocen bienes sustitutos cuando una reemplaza o sustituye al otro; el té o café. La azúcar o sacarina, etc., o bienes complementarios; la raqueta y la pelota. No puedo jugar tenis si no tengo uno de estos dos productos. En este contexto, podemos decir que el sistema penitenciario requiere de ambas funciones para no ser sólo carceleros y poder cumplir con  el fin último de la pena, cual es; contribuir a la reinserción social de los y las personas que resulten condenadas.

Pues bien, si retiramos la seguridad en cualquier establecimiento penal con el objeto de potenciar  la oferta de intervención psico-socio laboral y educacional, lo más probable, reconociendo que por naturaleza el hombre y la mujer son intrínsecamente libres, estos se evadan del establecimiento por muy atractiva que hubiese podido ser esta parrilla de programas conducentes a su reinserción social.  Por ello, sostenemos que en el sistema cerrado o cárcel tradicional,  la seguridad no es sólo  clave para el cumplimiento eficaz de la pena  sino para garantizar los procesos de intervención conducente a la reinserción social de las personas condenadas.

Si esto es así, claramente no es descifrar el dilema del “huevo o la gallina”, sino afirmar que en el sistema cerrado sino existe seguridad tampoco habrá reinserción social.

Por otra parte y en esta misma línea de desarrollo podemos afirmar categóricamente que la responsabilidad institucional en estos dos mega procesos (Seguridad y Reinserción Social), recae en todo lo relacionado  con la seguridad o dicho de otra manera en todo lo que diga con la ejecución y cumplimiento de la pena, no así con relación a nuestra contribución a la reinserción social. En palabras simples, si se fuga un interno existirá un sumario tendiente a establecer el cómo ocurrieron los hechos y determinar los grados de responsabilidad que pudo asistirle al personal de servicio. Sin embargo, cuando un interno reincide, no se ordena un sumario administrativo por cuanto la misma ley nos estraga por misión el contribuir, no el modificar conductas delictivas. No tenemos dentro del sistema societal el monopolio de la reinserción social. En este fin convergen tanto el rol público como privado, el apoyo familiar y fundamentalmente la decisión individual y personal de cada persona, en consecuencia, no puede pretenderse responsabilizar al personal en un contexto que claramente supera el ámbito institucional e incluso Estatal.

Es por esta razón, que el oficial de Gendarmería de Chile es un profesional  formado por el Estado para administrar  y gestionar el sistema penitenciario. Capaz de entender y comprender cómo deben relacionarse cooperativa e integradamente estos dos mundos para maximizar el cumplimiento de la misión institucional. Por lo anterior,  estamos convencidos que el mando de la institución debe seguir en un oficial penitenciario de carrera, elegido de entre los cinco oficiales más antiguos del escalafón de oficiales penitenciarios, para que pueda desde una vereda técnica proyectar el desarrollo estratégico e integral de la institución, concordante con la Política Criminal que el Estado de Chile ha definido para enfrentar el flagelo de la delincuencia.

Del mismo modo, continuar con el proceso de institucionalización y fortalecimiento de la doctrina, mística y valores republicanos que nuestra institución históricamente ha demostrado durante toda su historia, y junto con ello erigir las barreras no solo reglamentarias sino además potenciar aquellos valores éticos y morales que permitan disminuir las probabilidades de corrupción que nos impondrá irremediablemente una criminalidad organizada transnacional presente en nuestros establecimientos penales. Con la misma fuerza, frenar la politización partidaria, y potenciar el desarrollo de nuestro personal de todas las plantas, por su antigüedad, mérito, experiencia y excelencia funcionaria. Rechazando con todo el marco legal cualquier acto de corrupción y no observancia de nuestra condición de garantes de los DDHH de nuestra población Penal en cualquier circunstancia y contexto.

No obstante todo lo anterior, creemos y reconocemos que existe personal que se resiste en avanzar hacia una verdadera profesionalización de la carrera penitenciaria, algunos  por querer conservar cargos y grados que por criterios de antigüedad, calificaciones, competencias, y excelencia funcionaria no les corresponderían mantener, como también algunos que por ideologías partidarias rechazan un mando uniformado cuestionando incluso muchas de nuestras sencillas pero muy simbólicas tradiciones republicanas. Aspectos claves y desconocidos por ellos, que nos hacen aun cuando administremos con recursos exiguos, ser vistos como ejemplos a seguir por otros países de la región, no por infraestructura u otras variables, sino por una imagen de institución seria, profesional y eficiente. Más, para este tipo de personas que pretenden la búsqueda del poder por el poder, no así la responsabilidad y sacrificio que implican tales obligaciones, como traslados intempestivos, inseguridad laboral por la responsabilidad de fugas latentes, motines u otros hechos que afectan no sólo la salud física sino también emocional, y sin mediar el interés público superior sino lisa y llanamente el tan repudiable “Cómo voy ahí”, exponen y se proponen denostar la actual  gestión que ha tendido a ordenar, fiscalizar y gestionar de mejor manera los recursos disponibles, lo que resulta impresentable y en definitiva declaramos públicamente que NO seremos silentes observadores de esta burda y cobarde estrategia, incluso llegando a utilizar medios escritos firmados por seudo representantes de los partidos políticos de la Nueva Mayoría, bajo el nombre de “Núcleos”, desconociendo que los únicos llamados a representar al personal son los distintos gremios existentes en la institución, práctica a nuestro juicio plenamente ilegal y atentatoria contra la Ley de Probidad Administrativa y que por lo demás ya denunciamos a la Contraloría General de la República para que se investigue a fondo.

Queremos señalar que como Oficiales Penitenciarios no buscamos un trampolín político para proyectarnos en un cargo de elección popular como lo hizo el último director civil el año 2013, imitando lo que otros directores y subdirectores también civiles intentaron en otras administraciones conseguir, ya que para nosotros Gendarmería es el  fin de nuestra vida laboral no el medio para conseguir algo supuestamente mejor.

Con todo, invitar al personal a una reflexión profunda, ¿Hasta cuándo personal que se incorpora en distintas administraciones en muy buenos grados y que reconocidas como aves de paso, sin entrar a calificarles por sus competencias profesionales,  retrasan el proceso de modernización que la institución, el país y la ciudadanía merece?. O será conveniente para algunos separar definitivamente el sistema Penitenciario, Seguridad por un lado y Reinserción Social por otro. Quizás de esa forma terminamos con el concepto de híbrido como algunos definen el quehacer penitenciario. Para nosotros estas funciones son indivisibles. Sin embargo, también planteamos que en un contexto de pugna permanente, el Sistema Penitenciario puede del mismo modo dividirse entre Sistema Cerrado y el Sistema Abierto. Es decir, por el perfil de quienes han delinquido. Los primeros considerados de riesgo social, en consecuencia, deben cumplir condenas en cárceles tradicionales y con una lógica subyacente de seguridad, y  aquellos que aun cuando hubiesen cometido un delito no estén en tal categoría y por lo  tanto pueden cumplir su condena en una de las penas sustitutivas a la privación de libertad, en donde claramente la seguridad física y/o perimetral no tienen cabida.  Incluso los modelos de intervención pueden o deben ser adecuados a cada categoría o perfil delictual.

Es quizás esta división la que podría intentar abarcar el Servicio Nacional de Reinserción social, o hacerse cargo de todos los programas de reinserción social de ambos subsistemas penitenciarios. Más de nosotros depende una propuesta constructiva, y nos parece hoy por hoy, que muchas de las grandes preocupaciones superficialmente abordados en este documento,  no están siendo debidamente representadas por todos quienes por ley la representatividad de nuestros asociados, pensando y proyectando una institución penitenciaria moderna y de excelencia.

Por todo lo anterior, como Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios ANOP, tenemos la convicción que para lograr este gran salto a la modernización, desarrollo y profesionalización de nuestra Institución, se debe legislar para que en adelante, el cargo de Director Nacional de Gendarmería de Chile, lo ocupe un Oficial Penitenciario, elegido Constitucionalmente, por un periodo de tiempo determinado, con clara independencia técnica, para que sus decisiones obedezcan a intereses y requerimientos Institucionales y no a los vaivenes políticos, que a través de núcleos, por años han existidos en la Institución, dañando gravemente su desarrollo, debido a lo volátil de su permanencia en la institución y a que han privilegiado intereses personales y partidistas por sobre los Institucionales.

Atte.

Directorio Nacional A.N.O.P