Publicación en Diario la Segunda, y se invita a ver la entrevista del Pdte. ANOP en canal CNN Chile sobre la polémica y cuestionamiento social por los beneficios carcelarios y el asesinato del Subteniente Silva (QEPD).

Académico UDP: “La interpretación que hace Gendarmería es simplemente inaceptable…”

Jorge Contesse es un abogado que, desde su rol como profesor de la Universidad Diego Portales (también trabaja en la Rutgers University, de Estados Unidos), ha destacado por una mirada pro derechos humanos y reinserción. Aun así, se muestra crítico a la nueva política explicitada por Gendarmería.
“Actúa bien el Estado cuando mantiene una política que permite alejar de la cárcel a personas que tienen posibilidades de reinsertarse en la sociedad. Pero, precisamente por esa razón, es absolutamente fundamental que el mismo Estado tenga certeza que las personas están en esas condiciones”, sostiene.
Considera “muy grave” la interpretación de que el informe psicológico no es “determinante” para decidir sobre el otorgamiento de beneficios penitenciarios. “Los organismos técnicos y Gendarmería no pueden relajar interpretaciones para otorgar beneficios. Es correcto mantener una política consistente en esta materia, pero ello no puede hacerse a costa de cumplir con los requisitos legales que la reglamentación contempla. Así como un delincuente tiene derecho a reinsertarse en la sociedad, ésta tiene derecho a que las autoridades garanticen que quienes acceden a dichos beneficios lo hagan en el marco de controles muy estrictos, tanto administrativos como, eventualmente, judiciales”.
Contesse tampoco está de acuerdo con la idea de que no es posible medir la conciencia del mal causado y otros factores que antes eran primordiales para estas decisiones: “La interpretación que hace Gendarmería es simplemente inaceptable. Si es cierto que no es posible evaluar esos criterios, entonces lo que corresponde es, primero, justificarlo de manera pública y, luego, realizar, o al menos pedir, una reforma al Reglamento. La Ley está ahí y está para cumplirse. No hacerlo es ilegal”, sostiene.
De acuerdo a su análisis, la nueva mirada de Gendarmería es inconsistente, pues con ella “bastaría la mera opinión del alcaide, lo que también resulta absurdo”.
Agrega: “Yo conozco profesionales que trabajan en la cárcel, evaluando y realizando perfiles psicológicos de los internos y, si bien es evidente que no se puede ‘predecir’ el comportamiento de una persona, sí es posible tener indicación de ello”.

Patricio Ahumada Garay cumplía su pena de cárcel por asalto con violencia en noviembre de 2012, pero la madrugada del 2 de marzo de ese año, cuando junto a un grupo de neonazis golpeó hasta dejar agónico al joven homosexual Daniel Zamudio, estaba en la calle gracias a la decisión de Gendarmería de otorgarle la salida de fin de semana.
También por decisión de Gendarmería, desde diciembre del año pasado que Francia Reveco, condenada el 2009 a cinco años por narcotráfico, puede salir todas las mañanas de la cárcel para dedicarse al cuidado de sus seis hijos, tarea que desde el segundo semestre de 2011 la institución valida como “trabajo” y que permite que sus niños más pequeños se muestren ahora menos agresivos, tristes y desorientados.
Estas son las dos caras de una nueva política impulsada por la institución penitenciaria tras el incendio de la Cárcel de San Miguel: Se flexibilizó la entrega de beneficios carcelarios, aumentando así la cantidad de población penal con salidas dominicales, salidas de fin de semana y “salidas controladas” los días de semana para trabajar o estudiar.
Beneficios crecen 54% en cuatro años
Los altos mandos de Gendarmería defienden los cambios como la única forma de preparar a los presos en el camino hacia la libertad que algún día llegará y dicen que lo mejor es que sientan que alguien confía en ellos, creando un compromiso con la autoridad que ayudará en su reinserción.
Tienen claro que es una jugada arriesgada. Y saben también que no todos en la institución lo aprueban.
“Esto es un cambio radical de la política, y así hay que entenderlo”, dicen en la Dirección Nacional.
Si en 2009, el año anterior a la tragedia de San Miguel, poco más del 4% de la población penal obtuvo estos permisos, el 2012 cerró casi en 7%. El crecimiento fue sostenido entre ambas fechas: el 2009 se habían concedido 1.698; el 2010, 1.848; el 2011, 2.235; y el 2012, 2.618. Es decir, un crecimiento del 54% en cuatro años.
Y los números siguen subiendo, ahora más pronunciadamente: Durante el primer semestre de 2013 se otorgaron 2.582 beneficios, con lo que casi se alcanzó la cantidad reportada en todo 2012.

¿Cómo se logró esta explosión?
Nueva regla: Informes psicológicos no determinantes
La facultad de otorgar beneficios carcelarios está 100% en manos de Gendarmería, que orienta su actuar en base a un reglamento de 1998. Este fija que transcurridos ciertos plazos, el interno tiene derecho a solicitar alguno de ellos, pedido analizado por el consejo técnico del penal donde cumple condena. Si ese organismo opina favorablemente, el alcaide puede concederlo.
Las condiciones de hacinamiento y tensión de los internos de la Cárcel de San Miguel al momento del incendio hicieron que Gendarmería buscara expandir la entrega de estos beneficios.
A través de una video-conferencia dada por las jefaturas a los alcaides y miembros de los consejos técnicos de todos los penales del país, se instruyó un cambio radical: Dejarían de ser determinantes los análisis psicológicos a los internos para evaluar el riesgo de volver a ponerlos en la calle, su disposición a cambiar y la conciencia de delito y del mal causado.
Acompañada en la mesa de conferencias por el entonces director de Gendarmería, Luis Masferrer, y el subdirector operativo, Marcos Fuentes Mercado -hoy máxima autoridad (s) de la institución-, la subdirectora técnica de ese entonces, Paula Espinoza, informó los nuevos criterios.
“Hoy día el informe psicológico lamentablemente es el gran freno para que los jefes de establecimiento puedan tomar la decisión de un permiso de salida”, dijo. Y resumió el problema así: El reglamento establece que el informe psicológico será “fundamental” para acceder a los beneficios, no que sea “determinante” (el criterio anterior era que si el análisis no era bueno, el consejo técnico desestimaba recomendar el permiso, aun cuando el preso hubiera estado participando en actividades de reinserción y tuviera buena conducta).
Espinoza sentenció: “No existe forma de evaluar el riesgo, la conciencia del delito ni la motivación al cambio… Si a eso sumamos la gran cantidad de gente que hoy día al interior de los establecimientos tiene patologías mentales, graves o las normales que tenemos muchos de nosotros, hace más cuestionable aún el peso que la mayoría de los consejos técnicos da al informe psicológico”.

También cuestionó la alta consideración que se otorga al informe social sobre redes de apoyo con las que cuentan los presos en el exterior. “¿Es necesario el arraigo familiar? (…) ¿necesita efectivamente una red? Eso va a depender también del permiso de salida que el interno solicite y al cual nosotros le permitamos, pero no es un requisito sine qua non”.
Abusadores y violadores “sin restricción”
En la video-conferencia, se ejemplificó con penales como el Femenino de San Miguel, la Penitenciaría y otros de Santiago: Con informes psicológicos negativos, igualmente entregaban beneficios.
Pero hubo resquemores de regiones. Desde Cauquenes, incluso se representó que es recurrente que condenados por abusos sexuales y violaciones ni siquiera admitan haber cometido el delito, pero tengan apoyo familiar, que participen activamente en la escuela del penal, que tengan buena adherencia al trabajo. “Entonces, me pregunto acaso es factible ponderar todos esos factores a la hora de poder dar un beneficio, teniendo en cuenta que su conciencia del delito es baja…”, preguntó la jefa técnica de esa cárcel.
Espinoza reiteró que “no existe dentro de la cátedra de psicología algo que permita medir la conciencia del delito” y reforzó la idea: “No hay restricción para darle permisos a ese sujeto”, aunque sí admitió que se trata de personas con perfiles que requieren un mayor análisis. “Veamos qué es lo menos deteriorante para ellos y qué es lo más seguro para las víctimas… Yo ahí lo único que les puedo sugerir es hacer intercambio con medio libre”.
Ante la disconformidad hacia los nuevos criterios expresada por varios otros integrantes de las unidades técnicas, el jefe operativo y ahora director (s) de Gendarmería, Marcos Fuentes, les habló directo a los alcaides: “Son los riesgos que como oficiales debemos asumir. Debemos hacernos cargos de ese rol protagónico que nos corresponde. No me resta más que inducirlos a acatar la instrucción, la norma y el reglamento. No hay nada más que hacer. Es simple. No esperen del nivel central una disposición escrita que los obligue otorgar mayores beneficios”.

Circular oficializó el cambio
La oposición que surgió principalmente de regiones hacia los nuevos criterios implicó que por algún tiempo alcaides de zonas lejanas a Santiago no tomaran el riesgo. Pero en diciembre de 2012 Gendarmería impartió una circular modificando la composición de los consejos técnicos e instruyendo que las decisiones que tomaran debían ser votadas, decidiéndose según una votación 50 más 1.
Estos dos cambios significaron quitarles a los psicólogos y a los asistentes sociales derecho a voto. Ahora son representados por el jefe del comité de profesionales, cuyo pronunciamiento es sólo uno más entre otras cinco jefaturas de distintas áreas del penal (alcaide, jefe operativo, régimen interno, responsable de las actividades laborales y coordinador educacional). Es decir, la suma del estado psicológico del individuo y su red de apoyo vale exactamente un 16,6%, igual que la conducta demostrada, el hecho de querer estudiar y el que se esté formando para trabajar, entre otros factores. Si hay empate, dirime el alcaide.
Resistencia interna: “Es demasiado el riesgo…”
Pese a ello, alcaides de algunas zonas continúan dándole el carácter de “fundamental”, en el sentido que originalmente se entendía, a los informes psicológicos. Así lo constató «La Segunda Sábado» tras hablar con autoridades de algunos penales, que prefirieron no aparecer con sus nombres. “No podemos acatar esto. Es demasiado el riesgo que se nos pide asumir. Como finalmente el tema es potestad del alcaide, no damos permisos si vemos que no están esos requisitos”, dijo uno de ellos en reserva.
Gendarmería: “Respuesta favorable” de los presos
El jefe de gabinete de la dirección de Gendarmería, el coronel Christian Alveal, acepta estar enterado de las aprensiones, pero reafirma la pertinencia de esta nueva política.
“Antes, el fin último de Gendarmería era encarcelar y evitar que los internos se fugaran; los permisos de salida estaban supeditados a la contingencia. Ahora se está instalando una política penitenciaria en materia de reinserción que trasciende a los gobiernos de turno y se ha logrado asumir que ese es el objetivo esencial de la institución”, dice.
Recalca que pese al aumento de las salidas otorgadas, la tasa de incumplimientos se ha mantenido cerca del 16%. “Hemos tenido una respuesta muy favorable de la población penal”, señala, además de asumir que el riesgo siempre existe. “Y no vamos a cambiar la nueva política porque tenemos un Pato Core (como era conocido Patricio Ahumada, uno de los asesinos de Zamudio)… Esto no va a ser afectado por la contingencia: tenemos miles de ejemplos de personas que sí han cumplido”, enfatiza.

-¿Qué importancia se le da hoy al informe psicológico?
-El informe psicológico da cuenta de la historia de cada sujeto… pero es la mirada de todas las disciplinas, incluyendo lo terapéutico, lo social, lo educacional, lo laboral, lo que puede maximizar la posibilidad de creer que ese sujeto va a cumplir.
-Pero la evaluación de la conciencia del mal causado y su disposición al cambio sí permiten augurar si el sujeto reincidirá…
-Son todas las disciplinas que están en el consejo las que tienen que proyectar al sujeto. Nosotros sabemos cuándo un sujeto está instrumentalizando su conducta.
El reglamento dice “fundamental”, ¿qué se está entendiendo hoy día por “fundamental”?

-Para mí lo fundamental es que la opinión del psicólogo tiene que estar. Hay que entender que hay diferencias cuando algo es fundamental que cuando es determinante. Pero, ¿tú crees que una persona en condiciones de privación de libertad esté como para ser evaluada como normal? Sólo el hecho de estar en prisión genera efectos psicológicos en toda persona.
-¿Qué tendría que decir un informe psicológico para que -pese a que el sujeto aparece motivado a trabajar y tiene una red de apoyo-, todos digan ojo, acá no podemos otorgar un permiso de salida?
-Cuando den cuenta de una personalidad narcisista maligna, una dependencia a drogas. Cuando hay una suerte de riesgo patológico, será muy difícil que obtenga un permiso.
-¿Qué cosa puede decir un informe psicológico y no ser considerada para negar el permiso?
-Que no tiene disposición al cambio, por ejemplo, y tú notas que trabaja hace años en un taller, que genera ingresos y que con ellos ayuda a la familia. Ahí tu empiezas a decir, a lo mejor esa disposición al cambio no la han detectado en la entrevista.
El coronel advierte además que aun cuando existen casos en que se concedieron beneficios con informes psicológicos negativos y la persona volvió a delinquir, son muchos más aquellos en que dichos análisis han sido favorables y, pese a ello, los sujetos también cometieron nuevos delitos.
“No tenemos una bolita mágica acá. Por eso el diagnóstico debe ser integral”, sostiene.

Ejemplo de ex presa
Entre los varios casos que Gendarmería dice tener como ejemplos de beneficiados que han logrado reinsertarse, está el de Marta Segovia (28 años) . De largo historial, condenada finalmente a 8 años por robo con fuerza, se siguió portando mal en la cárcel. Hasta que el mismo Alveal llegó como alcaide al recinto.
Por su historia, y con varios informes psicológicos negativos, le negaron los permisos. Pero se le evaluó integralmente y se le dio salida dominical. Hizo su propio negocio: comprar ropa de marca en remates y venderla.
La mujer -que le tiene gran cariño al coronel y dice que fue él el primero que vio en ella su potencial de cambio. Hoy, ya en libertad condicional, continúa vendiendo ropa, aunque busca un trabajo estable: “Yo no le puedo decir que no voy a delinquir más. Tampoco me hago la blanca paloma. De repente llegan situaciones en que igual uno se siente en aprietos. La calle no es nada fácil, entonces de repente llega un momento en que igual… Es una lucha de todos los días… Son los aprietos económicos, porque igual el trabajo que tengo no es… Hay días que te va mal”, dice.

-¿Qué te detiene?
-No me detiene nada (…). Pero yo no quiero. No quiero porque digo pucha me pueden pillar y de nuevo para allá. Y entonces viene altiro mi mente así, que da vueltas… No me detiene nada, pero yo no quiero.
Psicólogo de cárcel femenina: “Nuestro norte no es saber si nos estamos equivocando o no”
Uno de los aumentos más significativos de beneficios se ha dado en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago: El 2010 se aprobaron 32 salidas; el 2011, 137; el 2012, 221.
Carlos Reyes, psicólogo de ese penal , cuenta cómo se realizan estas evaluaciones allí. Asume serenamente que sus informes no sean determinantes. Es más, coincide con la nueva política de Gendarmería en cuanto a que ellos no pueden valer más que las otras observaciones. “Todo tiene que ser caso a caso”, sostiene.
-¿Qué se busca con la entrevista sicológica que se hace a una interna para evaluar su solicitud de beneficios?
-Respecto a lo que es el fondo de la postulación, se tratan de identificar factores que fueron predisponentes al delito, variables que permitieron que la persona se involucrara en conductas de infracción de ley y el estado actual de esos factores. Entre los factores dinámicos están las aptitudes o habilidades presentes para enfrentar situaciones de riesgo. Entonces lo que tú tratas de hacer es buscar cómo esta persona logra identificar primeramente factores de riesgo personal y ambiental que la pudiesen llevar a volver a cometer un delito.
-¿Se evalúa riesgo, conciencia del delito, conciencia del mal causado?
-Hay una pauta de informe institucional. Entre otras cosas, pide evaluar factores criminológicos. Ahí se sitúa la conciencia de delito, que tiene que ver con el reconocimiento que la persona pueda realizar de los factores de riesgo y cómo es el grado de identificación que tiene por ejemplo con la ley. También ahí está la conciencia del mal causado, que refiere a si la persona es capaz de desarrollar un grado de empatía y evaluar en qué estadio se encuentra en su desarrollo moral evaluar las consecuencias de su actuar.
“Tenemos voz, pero no voto”
-¿Qué grado de certeza hay?
-Nuestro norte no es saber si nos estamos equivocando o no. Hacemos un diagnóstico de las habilidades que está teniendo una persona. Siempre se pueden pasar por alto variables que no lograste pesquisar, sobre todo pensando en el contexto en que evaluamos, donde las personas quieren salir a la calle a como dé lugar.
-¿Por qué es importante tener conciencia del mal causado?
-Lo importante es tener un desarrollo moral que permita anticipar las consecuencias que puedan tener tus decisiones.
-¿Cuánto pesa hoy el informe sicológico para otorgar los beneficios?
-Nosotros realizamos informes, pero el consejo técnico está constituido por mucha gente. Nosotros tenemos voz, pero no voto.
Tras críticas a beneficios en Caso Degollados, Contraloría revisará criterios
Los permisos de salida también han sido objeto de discusión a partir de los beneficios otorgados a dos condenados por el “Caso Degollados”.
Las familias de los profesionales asesinados el año 1985 por agentes de la entonces Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) reclaman por el beneficio de salida dominical y luego de fin de semana entregado a dos de los condenados, Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro.
Informe del condenado
Se ha dicho ya que ambos no cumplían con los requisitos que impone el reglamento penitenciario de estar exentos de infracciones disciplinarias graves, al haber protagonizado riñas, amenazar de muerte a otro interno, realizar huelgas de hambre para obtener beneficios, mantener teléfono celular… algo que Gendarmería no informó a la Corte de Apelaciones de Santiago cuando ese tribunal resolvió -sin cancelar las salidas otorgadas- el recurso de protección interpuesto contra la decisión.
Contraloría resolvió abstenerse de pronunciarse, pues el tema estaba en tribunales. Sí hace ver que en las próximas auditorías al organismo fiscalizará “el cumplimiento cabal de los procedimientos administrativos aplicables en estas materias”.
El expediente de la Contraloría contiene la explicación que le dio Gendarmería respecto a los beneficios y se leen los informes psicológicos anexados. Ambos beneficiados, se sostiene, poseen disposición al cambio y conciencia del mal causado, pero González Betancourt “dispone de cierta tendencia a la impulsividad… Reconoce el delito en sí, aun cuando confiere ciertos matices a la consecución del mismo”.
Además de reiterar en que Gendarmería incurrió en irregularidades al aprobar los permisos sin cumplir ciertos requisitos e insistir que la institución “le mintió a la Corte al señalarle que la conducta de estos internos era impecable”, el abogado que representa a las familias de las víctimas, Fernando Leal, cuestiona los análisis psicológicos efectuados.
“El informe psicológico de González Betancourt dice que si bien reconoce el delito, confiere matices. Es decir, ¿él justifica un degollamiento? ¿De eso estamos hablando?”, señala.
Leal reclama que “el Gobierno prometió acabar con la puerta giratoria, y lo que hace con los beneficios penitenciarios es abrirlas de par en par sin apego al reglamento y arriesgando la seguridad pública”.
la segundala segundala segunda