Nuevamente, frente a los hechos ocurridos en el C.P. Biobío, el pasado día 17 de septiembre de los corrientes, en donde un imputado resulto con lesiones de diversa consideración, en una acción que habrían sido protagonizada por parte del personal de servicio en esa unidad penal, las cuales motivaron la denuncia1 por parte de la jefatura (S) del establecimiento al Ministerio Público, con la finalidad de remitir los antecedentes y que sea el ente persecutor el encargado de investigar y esclarecer lo acontecido y determinar si existe o no responsabilidad del personal involucrado. En tal sentido podemos señalar que si bien es cierto este tipo de hechos no son nuevos, muy por el contrario, cada vez se han hecho más frecuentes y ante la falta de apoyo, nos hemos visto en la obligación de denunciar ante la opinión pública que nuestros Oficiales han actuado con estricto apego a la normativa vigente que nos regula, sin embargo, han sido menoscabados por dar cumplimiento a su obligación de denunciar un hecho que pudiera revestir características de delito. En este contexto podemos afirmar que rechazamos categóricamente que la superioridad institucional a petición de un grupo determinado de funcionarios amparados por las asociaciones, busquen diversos subterfugios para remover de sus puestos de trabajo a quienes han cumplido con la ley y reglamentos vigentes, utilizando para ello el cambio de destinación o “comisiones de servicio” sin que ello obedezca a una necesidad del servicio, sino más bien por las presiones ilegítimas ejercidas por estos grupos de poder, dejando en evidencia como lo hemos señalado con anterioridad, que la autoridad administrativa se encuentran secuestrada por estas organizaciones gremiales.
El día 22 de Septiembre, en un hecho que nos parece de la mayor gravedad, a través de una orden verbal por parte de la autoridad regional, dispuso la separación de las funciones de quién le correspondiera realizar la denuncia, destinándolo a las dependencias de la Dirección Regional en la región del Biobío, lo que claramente es interpretado como una evidente desviación del poder, soslayando otro aspecto relevante, por cuanto existen otras normas expresas3 que otorgan protección para aquellos funcionarios que en el ejercicio de sus funciones realizan este tipo de denuncias de manera responsable.
Queremos reiterar, como ha sido históricamente, que nuestra organización ha sido tremendamente respetuosa del principio de autonomía sindical, a pesar de lo anterior, vemos con preocupación una suerte de deformación profesional de la actividad sindical al interior de Gendarmería de Chile, bajo el eslogan de las “grandes luchas sindicales” no ha sido más que una manera encubierta para solicitar llamados a retiro de Oficiales de carrera, la remoción de sus puestos de trabajo de quienes tienen la obligación de denunciar, etc.
Finalmente, debemos señalar que ante la falta de respaldo a nivel institucional para poder desarrollar la función que nos corresponde, a través de nuestro equipo jurídico de manera conjunta hemos interpuesto un recurso de protección, tendiente a revertir este tipo de medidas y poder garantizar el estado de derecho y principalmente a resguardar la estabilidad laboral de nuestros asociados.
DIRECTORIO NACIONAL ANOP